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La tenían, era suya y la dejaron ir

“El Poder Se Toma”

-Alta Gracia Gómez

Querétaro, Qro., 12 de octubre de 2025 – En el epílogo de una farsa parlamentaria que ha expuesto las fisuras de una democracia en miniatura, la LXI Legislatura de Querétaro consumó el viernes 10 de octubre lo que se vislumbra como un triunfo efímero: la devolución del control de su Mesa Directiva al Partido Acción Nacional (PAN), ese bastión conservador que, durante décadas, ha tejido su hegemonía estatal como un tapiz de privilegios inquebrantables.

Bajo el pretexto de forjar una “mesa más plural”, los diputados de Morena y sus aliados de la Cuarta Transformación (4T) –ese bloque que, en teoría, encarna la mayoría numérica y el mandato popular– optaron por un consenso opaco, negociado en los pasillos sombreados del poder, lejos de la luz cruda del escrutinio público. Así, lo que nació como una legitimación orgánica, forjada en el fuego de un escándalo el 30 de septiembre, se disolvió en un trueque político que deja al bloque transformador no solo debilitado, sino caricaturizado: pendencieros al servicio de sus caprichos, acobardados ante la perspectiva de un verdadero asalto al statu quo.

Recordemos el prólogo de esta tragicomedia, que aún resuena en la memoria colectiva queretana como un eco de desorden institucional. El 30 de septiembre, en una sesión ordinaria que prometía ser rutinaria, el pleno del Congreso se convirtió en un circo de agravios y emboscadas. Diputados panistas, liderados por figuras como Guillermo Vega Guerrero y Enrique Correa Sada, al vislumbrar la inminente minoría numérica ante la votación de la Mesa Directiva, desataron un conato de violencia que rozó lo grotesco: se robaron la urna de votación y arrebataron de las manos del vicepresidente en turno, Ulises Gómez de la Rosa (Morena), una boleta de votación.

En un contexto donde la mayoría simple de la 4T (11 de Morena, 2 del PVEM y 1 del PT, sumando 14 escaños frente a los 11 de PAN, PRI, MC y un independiente aliado) confería legitimidad aritmética al proceso, el clímax llegó con la activación intencional de la alarma contra incendios. Un montaje teatral que evacuó el recinto y frustró cualquier avance, dejando al aire un espectáculo de empujones y acusaciones que, en palabras de analistas locales, “legitimó de forma orgánica” la elección posterior del bloque 4T. Aquel episodio, documentado en videos virales que circularon como un réquiem por la cordura legislativa, no solo expuso la torpeza panista –encabezada por un “Memo” Vega cuya actuación fue tildada de “vergonzosa” en corrillos políticos–, sino que galvanizó a la ciudadanía: troyanos y aqueos, por igual, percibieron en el caos un mandato implícito para que la mayoría asumiera el timón, rompiendo el dominio histórico del PAN en un estado que, hasta las elecciones de junio pasado, había sido su feudo inexpugnable.

De aquella legitimación espontánea surgió, la tarde-noche del 1 de octubre, una sesión extraordinaria convocada exclusivamente por el bloque 4T, donde Georgina Guzmán Álvarez (PVEM) fue electa presidenta, flanqueada por aliados como Sully Yanira Mauricio Sixtos (Morena) en la vicepresidencia, Arturo Maximiliano García Pérez (Morena) como primer secretario y Claudia Gayou como segunda secretaria. Era una mesa íntegramente transformadora, un símbolo de la irrupción federal en las entrañas locales: por primera vez, la 4T ostentaba no solo números, sino narrativa.

El respaldo llegó como un trueno el 6 de octubre, cuando Ricardo Monreal Ávila, el arquitecto pragmático de Morena en San Lázaro, validó públicamente la elección en una conferencia de prensa: “Respaldamos a la nueva Mesa Directiva, encabezada por una mujer muy inteligente. Lo más conveniente es la conciliación, pero debe haber apertura de la mayoría y diálogo con la minoría”, declaró, confiando en la “sensatez” del gobernador Mauricio Kuri González para mediar.

Este espaldarazo federal, gestionado con la astucia que caracteriza a Monreal en vísperas del Presupuesto de Egresos 2026 –donde las participaciones federales representan hasta el 80% de los ingresos estatales–, obligó al Ejecutivo panista a mover ficha: al día siguiente, el 7 de octubre, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, irrumpió en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) como un árbitro imparcial, facilitando un acuerdo que inició la entrega-recepción de la mesa y calmó las aguas turbulentas. Gudiño, en su rol de facilitador, se “tomó la foto” con la nueva directiva –un gesto simbólico que, para sorpresa de observadores, parecía sellar la victoria transformadora, con Guzmán al frente y un pleno reactivado para el 14 de octubre.

Pero he aquí el giro shakespeariano: lo que el 7 de octubre se presentó como un consenso maduro, el 10 se reveló como un retroceso calculado, votado por unanimidad en pleno, pero cocinado en “lo oscurito”, como susurran fuentes cercanas al proceso. La Mesa Directiva modificada –presidencia para Guzmán (PVEM), vicepresidencia para Mauricio Cárdenas Palacios (PAN), vicepresidencia suplente para Sinhue Piedragil (Morena), primer secretario para Arturo Maximiliano García (Morena), segundo secretario para Luis Gerardo Ángeles Herrera (PAN), y suplencias repartidas entre Sully Sixtos (Morena) y Juliana Hernández (PAN)– no es pluralidad, sino restitución: el PAN recupera posiciones estratégicas en el control administrativo y político del Congreso, ese órgano que maneja no solo el debate legislativo, sino las riendas presupuestales para 2026, estimadas en 40 mil millones de pesos.

En este trueque rodaron cabezas colaterales –como la salida del director de Comunicación Social, Francisco “Paco” Macías, y del titular de la Oficina de Transparencia–. Estos despidos parecen el precio de un pacto que priorizó el statu quo sobre la audacia. El PAN, ese oficialismo que se jacta de su “unidad” en redes sociales, no oculta su regocijo; y expone el ridículo de una 4T que, de depredadora, pasa a chancla.

Este desaguisado no es mero tropiezo táctico; es un diagnóstico sombrío de la inmadurez política del bloque transformador en Querétaro. En un estado donde la 4T irrumpió como ariete contra la mediocridad panista –rompiendo su monopolio en el Legislativo por primera vez desde la alternancia de 1997–, la decisión de ceder terreno revela una tibieza congénita, un acobardamiento ante la perspectiva de gobernabilidad real. ¿Pendencieros al servicio de intereses personales? Indudablemente: el conato del 30 de septiembre los victimizó y legitimó, el respaldo de Monreal los enalteció, y el pacto del 10 los despojó de toda épica, dejando a Morena, PT y a esa diputada del PVEM como comparsas en su propia derrota.

Alejados del pueblo que observaba el “espectáculo” del 30 como un llamado a la transformación, estos legisladores han optado por la comodidad del statu quo, traicionando la lucha por la gubernatura de 2027 –esa contienda donde, sin control parlamentario, la agenda social y fiscal quedará a merced de un PAN que se ríe en las sombras, burlándose de unos aliados que, como en el clásico futbolero, “la tenían, era suya y la dejaron ir”.

En política, como en el balompié, los errores tácticos se pagan con intereses usureros: la deslegitimación de la 4T no solo erosiona su capital simbólico, sino que aplaza indefinidamente cualquier atisbo de transformación en Querétaro. Lejos queda el sueño de un Congreso al servicio de la mayoría; en su lugar, reina la mediocridad de un pacto que, en lo oscurito, perpetúa el viejo orden. Y mientras el PAN brinda por su resurrección, la ciudadanía –esa que legitimó orgánicamente la rebelión del 30– se pregunta: ¿Y la transformación, para cuándo?

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