Por: Redacción | LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 12 de enero de 2026.–
Ante la inminente armonización de la nueva Ley General de Aguas, la diputada local Sully Yanira Mauricio Sixtos lanzó un llamado firme al Congreso del Estado para que el análisis de esta reforma se realice con responsabilidad, visión técnica y enfoque social, priorizando la protección del campo queretano y de las comunidades rurales.
Como presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable, la legisladora solicitó que la minuta federal sea turnada a dicha comisión, al advertir que cualquier modificación al marco legal en materia hídrica tiene efectos directos en la producción de alimentos, la economía rural y la soberanía alimentaria del estado.
Mauricio Sixtos subrayó que el agua no puede analizarse únicamente desde una lógica administrativa o urbana, ya que es el recurso que sostiene la actividad agropecuaria. “Sin agua no hay campo, no hay producción y no hay sustento para miles de familias queretanas”, sostuvo, al enfatizar que una legislación de este alcance debe construirse con conocimiento del territorio y de quienes lo trabajan.
La diputada también alertó sobre la difusión de información imprecisa y discursos alarmistas en torno a la Ley General de Aguas, lo que ha generado confusión entre productores, ejidatarios y comunidades rurales. En ese sentido, afirmó que el debate debe darse con datos verificables, sin manipulación política ni generación de miedos infundados.
Como parte de una ruta legislativa distinta, anunció que se impulsará la realización de foros de consulta abiertos, donde participen productores, especialistas, autoridades y ciudadanía en general, con el objetivo de escuchar todas las voces y construir una armonización legal acorde a la realidad del campo queretano.
Finalmente, Sully Mauricio destacó que legislar sobre el agua es legislar sobre el futuro de Querétaro. Aseguró que el reto no es solo cumplir con una obligación legal, sino avanzar hacia una gestión hídrica justa, sustentable y social, que garantice el derecho humano al agua y fortalezca el desarrollo agropecuario, con el pueblo como eje central de las decisiones públicas.
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