Por: Redacción | LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 15 de enero de 2026.— Con el objetivo de cerrar una de las brechas más graves de violencia contra la niñez y adolescencia, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en conjunto con el diputado independiente Enrique Correa, presentaron una iniciativa para sancionar penalmente la cohabitación forzada en el estado de Querétaro.
La propuesta plantea adicionar un nuevo capítulo al Código Penal estatal para tipificar como delito cualquier forma de imposición que obligue a niñas, niños o adolescentes a vivir en una relación equiparable al matrimonio, aun cuando esta no esté formalmente registrada. Se trata —subrayaron— de una práctica que arrebata la infancia, normaliza relaciones de poder desiguales y vulnera derechos humanos fundamentales.
Durante la presentación, la diputada Leonor Mejía enfatizó el carácter ético y social de la iniciativa. “Ninguna niña, niño o adolescente debe ser obligado a compartir su vida con otra persona por miedo, presión o violencia. Hoy alzamos la voz por quienes no siempre pueden hacerlo”, sostuvo.
Aunque el matrimonio infantil está prohibido en México desde 2019, datos oficiales y de organizaciones civiles revelan que las uniones tempranas no registradas continúan ocurriendo. Según cifras del INEGI, más de 313 mil personas de entre 12 y 17 años viven en este tipo de uniones; el 76% son niñas y, en la mayoría de los casos, existe una diferencia de edad significativa con su pareja.
La iniciativa propone crear el artículo 169 Bis del Código Penal de Querétaro, que sancionaría con penas de ocho a quince años de prisión a quien obligue, coaccione, induzca o gestione la cohabitación forzada de una persona menor de 18 años o sin capacidad para resistir el hecho. También se contemplan multas económicas y la reparación del daño, con agravantes cuando exista parentesco.
El proyecto fue construido con acompañamiento técnico de la ex diputada federal y activista Eufrosina Cruz Mendoza, referente nacional en la defensa de los derechos de las mujeres y de las comunidades indígenas.
Con esta propuesta, el Congreso de Querétaro busca fortalecer su marco legal para prevenir la violencia estructural, garantizar justicia y proteger el derecho de las infancias y adolescencias a desarrollarse libres, seguras y con dignidad.
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