Por: Redacción | LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 16 de diciembre de 2025.— El diputado Paul Ospital Carrera, de Movimiento Ciudadano, logró la aprobación de una iniciativa que modifica el esquema de distribución de los recursos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el objetivo de beneficiar directamente a los municipios con mayores índices de pobreza en el estado de Querétaro.
La reforma, avalada por el Pleno de la LXI Legislatura, cambia el destino del 30 por ciento de los recursos del IEPS provenientes de gasolina y diésel. Hasta ahora, ese porcentaje se asignaba a los municipios con mayor capacidad de recaudación; con la modificación impulsada por Ospital, dichos recursos se redistribuirán hacia los municipios con mayores carencias sociales, mientras que el 70 por ciento continuará asignándose conforme al criterio poblacional.
De acuerdo con el legislador, esta adecuación representa una redistribución aproximada de 120 millones de pesos anuales, lo que permitirá fortalecer las finanzas municipales de las localidades que enfrentan mayores rezagos y limitaciones presupuestales. Subrayó que se trata de un ajuste técnico con un impacto social significativo.
Entre los municipios que se verán beneficiados destacan Arroyo Seco, que recibirá alrededor de 9.2 millones de pesos adicionales; Landa de Matamoros, 10.8 millones; Tolimán, 6.8 millones; Amealco, 4.5 millones; y San Joaquín, 9.2 millones de pesos más al año.
Ospital Carrera explicó que, a diferencia de los municipios con presupuestos elevados, estos recursos representan una diferencia sustancial para las demarcaciones más pequeñas. “Para municipios como Amealco, 4.5 millones de pesos pueden significar una obra social concreta; en cambio, para municipios con presupuestos superiores a los 7 mil millones de pesos, ese monto no genera un cambio sustantivo”, puntualizó.
El legislador sostuvo que la reforma introduce un enfoque de justicia social en la distribución del IEPS, priorizando a quienes más lo necesitan y fortaleciendo la capacidad de los gobiernos municipales para atender rezagos históricos en infraestructura y servicios.
Finalmente, destacó que esta decisión demuestra que ajustes puntuales en la política fiscal pueden traducirse en impactos territoriales reales, al dirigir los recursos públicos hacia las comunidades con mayores necesidades.
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