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La Ley Epstein expone silencios y presiones en la Casa Blanca de Trump

Autor: Emiliano Cordoba

Fecha: 19 de noviembre de 2025


 

La Ley Epstein expone silencios y presiones en la Casa Blanca de Trump

 

El Senado de Estados Unidos aprobó hoy, por consentimiento unánime, la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein (H.R. 4405), apenas un día después de que la Cámara la avalara con 427 votos a favor y uno en contra. El presidente Donald Trump ha anunciado que la firmará, pese a haberse opuesto hasta hace solo cuatro días. El giro ocurrió tras la publicación de un nuevo lote de correos de Epstein que reavivaron preguntas sobre cuánto sabía realmente el mandatario.


 

Una relación que se remonta a los salones de la élite (1987-2002)

 

Durante los años noventa, Trump y Epstein compartieron círculos sociales, fiestas y vuelos privados.

Registros confirman que el expresidente utilizó el avión de Epstein en diversas ocasiones. Y en 2002, Trump declaró a la revista New York: “Es un tipo estupendo… le gustan las mujeres guapas, muchas del lado más joven”, frase que hoy cobra una nueva dimensión.


 

La ruptura y el mito de la distancia (2004-2007)

 

La versión oficial sostiene que Trump rompió con Epstein por “motivos éticos”. Pero documentos y testigos indican tensiones económicas —como la disputa por la mansión Maison de l’Amitié— y el incidente que derivó en la expulsión de Epstein de Mar-a-Lago por presunto acoso a una menor. Trump ha repetido: “Fui el único que lo echó”, una afirmación que ahora vuelve al escrutinio público.


 

El nuevo lote de correos que detonó la tormenta política

 

El 12 de noviembre, el Comité de Supervisión publicó correos inéditos de la herencia de Epstein. Tres pasajes han estremecido al Capitolio:

“Of course he knew about the girls”

 

Un mensaje de 2019 a Michael Wolff afirma que Trump “sabía lo de las chicas”.

“The dog that hasn’t barked is Trump”

 

Correo de 2011 a Ghislaine Maxwell que sugiere un silencio conveniente.

Monitoreo del entorno Trump

 

Varios mensajes muestran que el círculo de Epstein seguía rastreando los movimientos del expresidente después de 2007.

Estos fragmentos no constituyen pruebas judiciales, pero sí revelan percepciones internas del propio depredador sexual, cuya red de poder continúa desnudándose tras su muerte.


 

El giro legislativo y la presión pública (16–19 de noviembre)

 

La Casa Blanca y aliados republicanos bloquearon durante meses la desclasificación total. Sin embargo, tras la deserción de figuras como Thomas Massie y la indignación pública generada por los correos, Trump revirtió su postura.

En Truth Social escribió: “No tenemos nada que ocultar. Que voten a favor”.

Cronología legislativa

 

18 de noviembre: Cámara aprueba la ley por 427-1.

19 de noviembre: Senado la ratifica por unanimidad.

La ley obliga al Departamento de Justicia a publicar, en un máximo de 30 días, todos los documentos no clasificados relacionados con Epstein, garantizando la protección de las víctimas.


 

Qué dicen —y qué no dicen— los archivos

 

Las afirmaciones provienen de Epstein, no de investigación pericial. Ningún testimonio desclasificado acusa directamente a Trump de abusos, algo que sí ocurre con figuras como el príncipe Andrés. Pero los documentos sí evidencian proximidad, conocimiento y silencio, elementos cruciales en el debate sobre responsabilidad política y moral.


 

Un país ante la transparencia forzada

 

Trump firmará la ley porque políticamente no tiene alternativa.

La verdadera pregunta no es si voló en el avión de Epstein —eso está confirmado—, sino por qué, según los propios correos, “sabía” y no habló durante años.

Para una democracia que intenta reconciliarse con la verdad, el silencio ya no es una estrategia viable. La transparencia, aunque impuesta, abre un capítulo que la Casa Blanca ya no puede controlar.

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La Marcha “Gen Z”: ¿Despertar Generacional o Vieja Guardia con Nueva Bandera?

Miles salieron a las calles en 38 ciudades bajo el estandarte de la “Generación Z”. Sin embargo, un análisis profundo revela una mezcla de descontento genuino, operación digital millonaria y la sombra de la oposición tradicional.

Por: Rodrigo Vissuet

Fecha: 17 de noviembre de 2025

El sábado 15 de noviembre, México fue escenario de una movilización que, a primera vista, parecía marcar el despertar político de la Generación Z. Convocada principalmente desde redes como X y TikTok a través de la cuenta @generacionz_mx, la marcha se replicó en al menos 38 ciudades, desde la CDMX hasta Guadalajara, Monterrey y Puebla.

La ruta central en la capital —del Ángel al Zócalo— reunió a miles. El símbolo adoptado: la bandera pirata de One Piece, ícono global de rebeldía juvenil. Las consignas, cargadas de hartazgo real, resonaban fuerte: “Quiero vivir, no sobrevivir”, un grito contra inseguridad, violencia y corrupción.

Pero detrás del lenguaje digital y la estética centennial, el fin de semana dejó ver una trama mucho más compleja. El movimiento está lejos de ser totalmente espontáneo… y no tiene rostro exclusivamente juvenil.


 

🔎 Las Demandas: Descontento Real con Giro Político

 

El pliego petitorio de 12 puntos revela agravios legítimos: justicia pronta, seguridad, transparencia. El asesinato del Presidente Muncipal Carlos Manzo fue el detonante emocional que encendió el descontento previo.

Sin embargo, el documento escaló rápidamente hacia lo político. Su punto más polémico —y revelador— es la exigencia de “revocación inmediata del mandato” de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin consulta ciudadana.

Con esto, la protesta dejó de ser únicamente social para colocarse como actor de oposición directa.


 

🔎 ¿Dónde Estaba la “Gen Z”?

 

Aunque la convocatoria llevaba su nombre, crónicas de medios como La Jornada y Los Angeles Times coincidieron en un punto:

la marcha no era predominantemente juvenil.

Había jóvenes, sí, pero también una amplia presencia de adultos mayores, “chavorrucos” y críticos habituales del gobierno.

La etiqueta “Generación Z” parece haber funcionado como una marca legitimadora para un descontento más amplio… y quizá más viejo.


 

🔎 La Trama Inorgánica: Bots, Magnates y Vieja Oposición

 

Aquí comienza el terreno de la operación política.

La administración federal, a través de Infodemia, advirtió desde días previos que el movimiento no era orgánico. Entre los hallazgos señalados:

  • Una campaña digital millonaria, estimada en más de 90 millones de pesos.

  • Millones de bots amplificando la convocatoria.

  • Actores empresariales, como Ricardo Salinas Pliego y Claudio X. González, impulsando la narrativa.

  • Figuras políticas de oposición (PRI, PAN), como Alito Moreno, Lilly Téllez y Vicente Fox, promoviendo abiertamente la marcha.

  • La participación de medios alineados a la derecha internacional, como La Derecha Diario.

 

Aunque los administradores de @generacionz_mx insisten en su carácter apartidista, la evidencia apunta al menos a una alianza estratégica entre el movimiento y la oposición tradicional.


 

⚠️ Violencia en el Zócalo: El Bloque Negro Toma Protagonismo

 

Pese a los llamados a la paz, la jornada terminó en tensión.

El “bloque negro” se hizo presente y se enfrentó con las fuerzas de seguridad que resguardaban Palacio Nacional, fuertemente vallado.

Las vallas cayeron; la policía respondió con extintores y gases.

El saldo: más de 100 policías heridos y al menos 20 detenidos.


 

📉 La Batalla por el Hartazgo

 

Lo ocurrido este fin de semana es más complejo que un simple “montaje de bots”.

Sí, hay hartazgo real —especialmente entre jóvenes— frente a la inseguridad y la violencia. Ese malestar es el combustible genuino.

Pero lo que vimos fue una disputa por apropiarse del descontento.

La vieja guardia política y económica intentó encapsular ese hartazgo bajo una estética juvenil para disputar el espacio público al gobierno. La “Generación Z”, en esta marcha, fue más un estandarte en disputa que un sujeto colectivo homogéneo.

La pregunta que queda es profunda:

¿Construirá la juventud un movimiento propio y autónomo?

¿O su descontento seguirá siendo instrumentalizado por una oposición que carece de base juvenil pero necesita desesperadamente una nueva cara?

Carlos M

Carlos Alberto Manzo Rodríguez: el alcalde de Uruapan que enfrentó a la violencia hasta el final

Por: Redacción | LYPmultimedios

Uruapan, Michoacán, 2 de noviembre de 2025 – Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, fue asesinado la noche del 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, tradicional celebración del Día de Muertos en la Plaza Morelos del centro histórico. El atentado ocurrió alrededor de las 20:10 horas, mientras el edil —de apenas 42 años— convivía con ciudadanos y se tomaba fotografías, minutos antes de que se escucharan los disparos.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que Manzo murió en el lugar tras recibir varios impactos de arma de fuego; una persona más resultó herida. Según el reporte oficial, uno de los presuntos atacantes fue abatido en el intercambio y dos individuos fueron detenidos. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó enérgicamente el crimen y precisó que el alcalde contaba con protección federal, en un contexto de alta tensión por la inseguridad en la región aguacatera.

Este homicidio, que se suma a la larga lista de ataques contra funcionarios en Michoacán, puso fin a la trayectoria de un político que había hecho de la lucha contra el crimen organizado el eje de su administración. Su postura firme y directa le valió comparaciones con el presidente salvadoreño Nayib Bukele en medios y redes sociales. En entrevistas recientes, Manzo había sido claro: “No quiero ser un alcalde más asesinado”. Aun así, no cedió ante las amenazas.


 

Formación y ascenso político

 

Nacido el 15 de julio de 1983 en Uruapan —ciudad reconocida como la capital mundial del aguacate y epicentro de disputas criminales por su control—, Carlos Alberto Manzo Rodríguez creció en una familia de clase media. Su padre, productor agrícola; su madre, educadora comunitaria. De ellos heredó el compromiso por el servicio público.

Cursó la licenciatura en Administración Pública en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de donde egresó en 2005. Posteriormente, se especializó en gestión de salud pública en el Instituto Nacional de Salud Pública.

Su incursión política inició en 2015 como activista de Morena. Fue electo regidor en 2018, presidiendo comisiones de desarrollo económico y seguridad ciudadana. En 2021, ganó una diputación federal por el distrito 01 de Michoacán, donde impulsó reformas presupuestales para seguridad y presentó iniciativas centradas en inteligencia contra el narcotráfico en el sector agrícola.

En 2024 rompió con Morena y se postuló como candidato independiente a la presidencia municipal de Uruapan. Ganó con el 38% de los votos en una elección marcada por la violencia y la baja participación ciudadana. Su campaña se enfocó en una “gestión cercana” y en el combate frontal a la extorsión que, según cifras estatales, afecta a siete de cada diez productores aguacateros.


 

Un gobierno entre la firmeza y el riesgo

 

Desde su toma de protesta en enero de 2024, Manzo centró su gobierno en dos frentes: seguridad pública y salud. En su perfil de Facebook —seguido por más de 800 mil personas— se definía como “michoacano dedicado” y compartía de manera constante sus actividades, programas sociales y recorridos comunitarios.

Entre sus principales logros destacan:

🔹 Seguridad local reforzada: lanzó un programa de proximidad policial que capacitó a 150 elementos con apoyo de la Guardia Nacional. En el primer semestre de 2025, los reportes de extorsión bajaron un 12%, según la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

🔹 Discurso firme: se expresó con dureza contra la pasividad federal. “No descansaré, aunque me cueste la vida”, dijo en entrevistas. Su retórica y acciones le ganaron el apodo mediático de “el Bukele mexicano”. Sin embargo, también generaron tensiones políticas. En mayo de 2025, protagonizó un intercambio incómodo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien le cuestionó irónicamente: “¿A cuántos has abatido?”, cuando el alcalde solicitó mayor respaldo contra la violencia.

🔹 Salud y economía local: impulsó campañas de vacunación contra enfermedades tropicales que beneficiaron a más de 20 mil personas en zonas rurales, y promovió la certificación sanitaria del aguacate para exportación, apoyando directamente a 500 productores.

En septiembre de 2024 participó en la inauguración de destacamentos de la Guardia Nacional en Uruapan, subrayando la importancia de fortalecer la seguridad sin militarizar la vida cotidiana. Su estilo, con sombrero charro y discurso frontal, evocaba el arraigo purépecha que reivindicaba en cada acto público. “La historia de mi sombrero es la de un uruapanense que no se rinde ante las balas”, dijo en una entrevista de agosto.


 

Vida privada y conmoción pública

 

Manzo era esposo y padre de tres hijos. Aunque mantenía reserva sobre su vida privada, en redes sociales compartía mensajes de fe católica y orgullo por su tierra. Jugaba fútbol en ligas comunitarias y participaba activamente en las festividades tradicionales del Día de Muertos, precisamente la fecha en que fue asesinado.

El velorio, realizado este 2 de noviembre en Uruapan, reunió a cientos de ciudadanos que lo despidieron entre aplausos y lágrimas. El gobernador Bedolla fue recibido entre gritos de “¡asesino!” y “¡fuera!”, y tuvo que retirarse escoltado. La presidenta Sheinbaum convocó una reunión urgente del Gabinete de Seguridad; PAN y Morena exigieron investigaciones contundentes.


 

Un legado entre el coraje y la tragedia

 

El asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez es investigado como homicidio calificado con posibles vínculos al crimen organizado. Se inscribe en una trágica estadística: desde 2018, al menos 30 funcionarios han sido ejecutados en Michoacán. La muerte de Manzo revela, una vez más, la fragilidad institucional frente a la violencia estructural.

Pero también deja una huella de integridad, cercanía y convicción. En las calles de Uruapan, las ofrendas del Día de Muertos ahora incluyen velas en su honor. Su historia —de activismo, ruptura partidista y resistencia hasta el final— resuena como testimonio de la valentía que muchos ejercen, sabiendo el precio. En un estado marcado por el luto cíclico, Carlos Manzo representa a quienes eligieron servir, aún a costa de su vida.

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La tenían, era suya y la dejaron ir

“El Poder Se Toma”

-Alta Gracia Gómez

Querétaro, Qro., 12 de octubre de 2025 – En el epílogo de una farsa parlamentaria que ha expuesto las fisuras de una democracia en miniatura, la LXI Legislatura de Querétaro consumó el viernes 10 de octubre lo que se vislumbra como un triunfo efímero: la devolución del control de su Mesa Directiva al Partido Acción Nacional (PAN), ese bastión conservador que, durante décadas, ha tejido su hegemonía estatal como un tapiz de privilegios inquebrantables.

Bajo el pretexto de forjar una “mesa más plural”, los diputados de Morena y sus aliados de la Cuarta Transformación (4T) –ese bloque que, en teoría, encarna la mayoría numérica y el mandato popular– optaron por un consenso opaco, negociado en los pasillos sombreados del poder, lejos de la luz cruda del escrutinio público. Así, lo que nació como una legitimación orgánica, forjada en el fuego de un escándalo el 30 de septiembre, se disolvió en un trueque político que deja al bloque transformador no solo debilitado, sino caricaturizado: pendencieros al servicio de sus caprichos, acobardados ante la perspectiva de un verdadero asalto al statu quo.

Recordemos el prólogo de esta tragicomedia, que aún resuena en la memoria colectiva queretana como un eco de desorden institucional. El 30 de septiembre, en una sesión ordinaria que prometía ser rutinaria, el pleno del Congreso se convirtió en un circo de agravios y emboscadas. Diputados panistas, liderados por figuras como Guillermo Vega Guerrero y Enrique Correa Sada, al vislumbrar la inminente minoría numérica ante la votación de la Mesa Directiva, desataron un conato de violencia que rozó lo grotesco: se robaron la urna de votación y arrebataron de las manos del vicepresidente en turno, Ulises Gómez de la Rosa (Morena), una boleta de votación.

En un contexto donde la mayoría simple de la 4T (11 de Morena, 2 del PVEM y 1 del PT, sumando 14 escaños frente a los 11 de PAN, PRI, MC y un independiente aliado) confería legitimidad aritmética al proceso, el clímax llegó con la activación intencional de la alarma contra incendios. Un montaje teatral que evacuó el recinto y frustró cualquier avance, dejando al aire un espectáculo de empujones y acusaciones que, en palabras de analistas locales, “legitimó de forma orgánica” la elección posterior del bloque 4T. Aquel episodio, documentado en videos virales que circularon como un réquiem por la cordura legislativa, no solo expuso la torpeza panista –encabezada por un “Memo” Vega cuya actuación fue tildada de “vergonzosa” en corrillos políticos–, sino que galvanizó a la ciudadanía: troyanos y aqueos, por igual, percibieron en el caos un mandato implícito para que la mayoría asumiera el timón, rompiendo el dominio histórico del PAN en un estado que, hasta las elecciones de junio pasado, había sido su feudo inexpugnable.

De aquella legitimación espontánea surgió, la tarde-noche del 1 de octubre, una sesión extraordinaria convocada exclusivamente por el bloque 4T, donde Georgina Guzmán Álvarez (PVEM) fue electa presidenta, flanqueada por aliados como Sully Yanira Mauricio Sixtos (Morena) en la vicepresidencia, Arturo Maximiliano García Pérez (Morena) como primer secretario y Claudia Gayou como segunda secretaria. Era una mesa íntegramente transformadora, un símbolo de la irrupción federal en las entrañas locales: por primera vez, la 4T ostentaba no solo números, sino narrativa.

El respaldo llegó como un trueno el 6 de octubre, cuando Ricardo Monreal Ávila, el arquitecto pragmático de Morena en San Lázaro, validó públicamente la elección en una conferencia de prensa: “Respaldamos a la nueva Mesa Directiva, encabezada por una mujer muy inteligente. Lo más conveniente es la conciliación, pero debe haber apertura de la mayoría y diálogo con la minoría”, declaró, confiando en la “sensatez” del gobernador Mauricio Kuri González para mediar.

Este espaldarazo federal, gestionado con la astucia que caracteriza a Monreal en vísperas del Presupuesto de Egresos 2026 –donde las participaciones federales representan hasta el 80% de los ingresos estatales–, obligó al Ejecutivo panista a mover ficha: al día siguiente, el 7 de octubre, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, irrumpió en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) como un árbitro imparcial, facilitando un acuerdo que inició la entrega-recepción de la mesa y calmó las aguas turbulentas. Gudiño, en su rol de facilitador, se “tomó la foto” con la nueva directiva –un gesto simbólico que, para sorpresa de observadores, parecía sellar la victoria transformadora, con Guzmán al frente y un pleno reactivado para el 14 de octubre.

Pero he aquí el giro shakespeariano: lo que el 7 de octubre se presentó como un consenso maduro, el 10 se reveló como un retroceso calculado, votado por unanimidad en pleno, pero cocinado en “lo oscurito”, como susurran fuentes cercanas al proceso. La Mesa Directiva modificada –presidencia para Guzmán (PVEM), vicepresidencia para Mauricio Cárdenas Palacios (PAN), vicepresidencia suplente para Sinhue Piedragil (Morena), primer secretario para Arturo Maximiliano García (Morena), segundo secretario para Luis Gerardo Ángeles Herrera (PAN), y suplencias repartidas entre Sully Sixtos (Morena) y Juliana Hernández (PAN)– no es pluralidad, sino restitución: el PAN recupera posiciones estratégicas en el control administrativo y político del Congreso, ese órgano que maneja no solo el debate legislativo, sino las riendas presupuestales para 2026, estimadas en 40 mil millones de pesos.

En este trueque rodaron cabezas colaterales –como la salida del director de Comunicación Social, Francisco “Paco” Macías, y del titular de la Oficina de Transparencia–. Estos despidos parecen el precio de un pacto que priorizó el statu quo sobre la audacia. El PAN, ese oficialismo que se jacta de su “unidad” en redes sociales, no oculta su regocijo; y expone el ridículo de una 4T que, de depredadora, pasa a chancla.

Este desaguisado no es mero tropiezo táctico; es un diagnóstico sombrío de la inmadurez política del bloque transformador en Querétaro. En un estado donde la 4T irrumpió como ariete contra la mediocridad panista –rompiendo su monopolio en el Legislativo por primera vez desde la alternancia de 1997–, la decisión de ceder terreno revela una tibieza congénita, un acobardamiento ante la perspectiva de gobernabilidad real. ¿Pendencieros al servicio de intereses personales? Indudablemente: el conato del 30 de septiembre los victimizó y legitimó, el respaldo de Monreal los enalteció, y el pacto del 10 los despojó de toda épica, dejando a Morena, PT y a esa diputada del PVEM como comparsas en su propia derrota.

Alejados del pueblo que observaba el “espectáculo” del 30 como un llamado a la transformación, estos legisladores han optado por la comodidad del statu quo, traicionando la lucha por la gubernatura de 2027 –esa contienda donde, sin control parlamentario, la agenda social y fiscal quedará a merced de un PAN que se ríe en las sombras, burlándose de unos aliados que, como en el clásico futbolero, “la tenían, era suya y la dejaron ir”.

En política, como en el balompié, los errores tácticos se pagan con intereses usureros: la deslegitimación de la 4T no solo erosiona su capital simbólico, sino que aplaza indefinidamente cualquier atisbo de transformación en Querétaro. Lejos queda el sueño de un Congreso al servicio de la mayoría; en su lugar, reina la mediocridad de un pacto que, en lo oscurito, perpetúa el viejo orden. Y mientras el PAN brinda por su resurrección, la ciudadanía –esa que legitimó orgánicamente la rebelión del 30– se pregunta: ¿Y la transformación, para cuándo?

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Es tiempo de mujeres: Beatriz Robles y el poder de escribir la historia desde Querétaro

Por: Redacción | LYPmultimedios

El tiempo no sólo transcurre, también se escribe. Y cuando las mujeres toman la pluma del poder, las páginas que redactan tienen tinta de justicia, dignidad y memoria. Este 11 de octubre de 2025, en el corazón republicano de Querétaro, la Senadora Beatriz Robles Gutiérrez marcará un hito: será la primera mujer de izquierda en rendir un informe de actividades legislativas desde el mismo estrado donde se proclamó la Constitución de 1917 —esa que en su origen reconocía derechos laborales, pero negaba el derecho al voto a las mujeres.

Hoy, más de un siglo después, otra voz femenina resonará en ese recinto histórico. No una voz solitaria, sino la representación viva de miles de mujeres mexicanas que han resistido, caminado, luchado y construido. Y lo hará desde una trinchera que ha sido clave en la transformación del país: el Senado de la República, donde Beatriz Robles preside la Comisión de Energía, impulsando la soberanía nacional sobre recursos estratégicos como el litio, la electricidad y el petróleo.

La senadora de Morena: una trayectoria entre convicción y resistencia

Beatriz Robles no es nueva en la lucha pública. Es parte del primer piso de la Cuarta Transformación, aquella que encabezaría el presidente López Obrador y que hoy abre paso a una nueva era con Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta en la historia de México. Robles ha sido parte de las reformas constitucionales más relevantes de este sexenio: la transformación del Poder Judicial, la consolidación de la soberanía energética, y la inminente reforma electoral.

Pero más allá de los logros institucionales, su historia es una de persistencia. Como tantas mujeres en política, ha sido criticada, subestimada, invisibilizada. Sin embargo, ha respondido con trabajo, cercanía con la ciudadanía y, sobre todo, con una defensa inquebrantable del derecho de las mujeres a ocupar todos los espacios, incluso —y especialmente— aquellos que antes les fueron negados.

Un informe desde el pueblo y para el pueblo

El Teatro de la República no será testigo de un acto protocolario más. Será el escenario donde converjan militantes, académicos, empresarios, líderes sociales y ciudadanos, todos convocados por el mismo principio: la rendición de cuentas. El informe de Robles será, en sí mismo, un acto político, feminista y transformador. Un gesto de transparencia y legitimidad en tiempos donde el debate público exige profundidad, responsabilidad y conexión con el territorio.

Ella no llega sola. Llega con el respaldo de una generación que ha caminado casa por casa, colonia por colonia, llevando un mensaje de esperanza y justicia social. Llega como la primera mujer senadora de Morena por Querétaro, pero también como una representante del anhelo de miles de queretanas que hoy saben que “el poder también se parece a ellas”.

El eco de nuestras ancestras

Este 11 de octubre, los nombres de Leona Vicario, Carmen Serdán, Josefa Ortiz Téllez Giron y Elvia Carrillo Puerto resonarán en las butacas y en los corazones de quienes asistan. Porque como dice la historia: no hay transformación sin mujeres. Y esta vez, no seremos nota al pie, sino protagonistas del capítulo que se escribe con valentía y convicción.

El nombre de Beatriz Robles quedará inscrito, no sólo por sus cargos o iniciativas, sino por su capacidad de hacer política con alma, con causa y con historia. Este informe será más que un acto de rendición: será una afirmación del poder femenino, progresista y soberano que avanza con fuerza en Querétaro y en México.

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Espaldarazo de Monreal destraba crisis legislativa en Querétaro: se instala nueva Mesa Directiva rumbo al presupuesto 2026

Por: Redacción | LYPmultimedios

Querétaro, Qro., 7 de octubre de 2025 – Luego de días de tensión e inactividad parlamentaria, el Congreso del Estado de Querétaro instaló este martes la nueva Mesa Directiva durante una sesión extraordinaria. La designación fue producto de un acuerdo unánime alcanzado en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), mediado por el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres. Este desenlace se concretó apenas un día después de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, respaldara públicamente al nuevo órgano legislativo surgido del bloque mayoritario afín a la Cuarta Transformación (4T), en un contexto en el que el control del presupuesto estatal 2026 se perfila como el eje central del conflicto.

La crisis estalló el 30 de septiembre, cuando durante una sesión ordinaria de la LXI Legislatura, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), al prever la pérdida de mayoría frente a la inminente elección de la nueva mesa, intentaron frenar el proceso de violencia. Legisladores como Enrique Correa Sada y Guillermo Vega irrumpieron en la votación, se apoderaron de la urna y del acta de sesión, y activaron la alarma contra incendios para evacuar el recinto. El episodio derivó en empujones, gritos y acusaciones cruzadas: Morena denunció un “golpe legislativo” por parte del PAN; este, a su vez, calificó su acción como una “defensa institucional” frente a supuestas irregularidades. La sesión quedó suspendida de forma indefinida, sumiendo al Congreso en un limbo legislativo por más de una semana.

Ante la parálisis, el bloque Morena–PT–PVEM, que cuenta con 13 de los 25 escaños, convocó una sesión extraordinaria la tarde – noche del 1 de octubre, en la que eligió a la diputada Georgina Guzmán Álvarez (PVEM) como presidenta de la nueva Mesa Directiva. La sesión, realizada únicamente con la presencia del bloque 4T, marcó una parteaguas: por primera vez, el PAN quedó fuera del órgano directivo del Congreso. PAN, PRI y MC denunciaron ilegalidad, acusaron manipulación de boletas y calificaron el procedimiento como un “secuestro institucional”.

El punto de inflexión llegó el lunes 6 de octubre, cuando Ricardo Monreal, desde San Lázaro, ofreció su respaldo total a la nueva mesa. “Apoyamos a la Mesa Directiva encabezada por una mujer inteligente. Lo más conveniente es la conciliación: que haya apertura de la mayoría y diálogo con la minoría”, afirmó. Su intervención —considerada clave por fuentes legislativas— coincidió con el inicio de las negociaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 , contexto en el cual Querétaro depende de las participaciones federales para cerca del 80% de su ingreso anual.

Presionado por este escenario, el gobernador Mauricio Kuri instruyó a su secretario de Gobierno, Eric Gudiño , un intervenir como mediador. El funcionario acudió a la JUCOPO este martes, donde facilitó un acuerdo entre las bancadas, permitiendo la instalación formal de la Mesa Directiva y reactivando las sesiones legislativas para el 14 de octubre. Aunque Gudiño declaró haber actuado solo como “facilitador”, su presencia destrabó la resistencia del PAN e indujo a aliados como MC y PRI a ceder, evitando así un escenario que habría puesto en riesgo la aprobación del paquete fiscal estatal, estimado en más de 40 mil millones de pesos, enfocado en seguridad, salud y desarrollo social.

El diputado Homero Barrera Mcdonald , una de las voces más visibles del bloque 4T, celebró el acuerdo en redes sociales como un “triunfo de la democracia” y un paso para recuperar la confianza en las instituciones. La bancada oficialista reconoce a Barrera como el enlace clave con Monreal y promotor del discurso que ha evidenciado las fracturas internas del PAN en la entidad.

La nueva Mesa Directiva, presidida por Guzmán Álvarez, asume funciones en un entorno delicado: el control de las cuentas públicas estatales y municipales de 2026 está en juego, y con ello, la limitación de fuerzas rumbo a la elección de 2027. Si prevalece el diálogo, la LXI Legislatura podría recuperar la estabilidad institucional. Si no, el Congreso de Querétaro continuará siendo un campo de batalla política con repercusiones nacionales.

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Sistema Hídrico El Batán: La controversia que sacude al gobierno de Mauricio Kuri

El Proyecto Hídrico El Batán, concebido como una solución a la crisis hídrica de Querétaro, ha desatado una controversia que pone en entredicho las decisiones del gobierno de Mauricio Kuri. Este plan, que busca garantizar agua potable para la zona metropolitana durante las próximas tres décadas, enfrenta cuestionamientos por su falta de transparencia, viabilidad técnica y alto costo financiero. Liderando la oposición está el diputado federal Gilberto Herrera Ruiz, acompañado por un grupo de aliados que incluye legisladores y figuras locales, quienes han señalado inconsistencias y exigido alternativas sustentables. Este artículo analiza los orígenes del proyecto, las críticas de la oposición y el contexto político.

Orígenes del Sistema El Batán

El 4 de marzo de 2025, el gobernador Mauricio Kuri presentó el Sistema Hídrico El Batán, o “Batán, Agua para Todos”, ante la Cámara de Diputados local. El proyecto propone tratar aguas residuales para convertirlas en agua potable, con una capacidad de 3,600 litros por segundo, superando al Acueducto II. Con un costo inicial de 9,500 millones de pesos (más IVA) y una Asociación Público-Privada (APP) que comprometería al estado a pagos de 41,000 millones de pesos durante 27 a 30 años, el gobierno lo plantea como una respuesta al estrés hídrico de Querétaro, sexto estado más afectado en México, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El proyecto, respaldado por Conagua, busca posicionar a Querétaro como líder en reúso de agua, pero la elección de Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), una empresa sin experiencia en potabilización, y la falta de estudios técnicos públicos han generado dudas sobre su ejecución.

La oposición liderada por Gilberto Herrera y sus aliados

Gilberto Herrera Ruiz, diputado federal por el Distrito 1 de Querétaro y exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro, ha encabezado la oposición al Sistema El Batán, cuestionando su viabilidad financiera, técnica y sanitaria. Acompañado por un grupo diverso de aliados, Herrera ha articulado una crítica que combina análisis técnico con demandas de transparencia. Entre sus principales aliados se encuentran:

  • Rufina Benítez Estrada, diputada federal de Morena, quien ha respaldado a Herrera en temas como la defensa de ejidatarios y la oposición a proyectos que beneficien a privados.

  • Rosalba Velázquez Ramírez, diputada local de Morena en la LXI Legislatura, conocida por su trabajo en la defensa de derechos sociales y su crítica a la opacidad del proyecto.

  • María Blanca Estela Sánchez, diputada local de Morena, que ha apoyado iniciativas para priorizar el acceso al agua en comunidades marginadas.

  • Erick Ricardo Ortega, diputado local de Morena, quien ha cuestionado la falta de inclusión de comunidades rurales en la planificación hídrica.

  • Fernando Avse Flores Pérez, regidor del municipio de Querétaro, un aliado activo que ha respaldado a Herrera en temas como la protección de tierras ejidales y la oposición al Sistema El Batán.

  • Astrid Ortega Vázquez, alcaldesa de Cadereyta de Montes, quien ha denunciado intereses políticos detrás del manejo del agua en su municipio y ha recibido el apoyo de Herrera en conflictos relacionados con el abasto hídrico.

El 12 de junio de 2025, Herrera presentó una propuesta alternativa en tres ejes: mesas técnicas con expertos, revisión de los procesos de potabilización y soluciones que eviten contratos a largo plazo con privados. Ha señalado discrepancias con un convenio de 2024 firmado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que destinaba 4,300 millones de pesos para extraer agua de la presa El Batán, no para tratar aguas residuales. Herrera estima que los costos del proyecto podrían alcanzar los 80,000 millones de pesos debido a ajustes inflacionarios, lo que considera una carga insostenible.

Los aliados de Herrera han organizado conversatorios con académicos, ambientalistas y expertos en salud pública, exigiendo un observatorio independiente para monitorear la calidad del agua y un diagnóstico hídrico integral, elementos ausentes en la propuesta estatal.

La postura del gobierno de Kuri

Mauricio Kuri ha defendido el Sistema El Batán como un proyecto técnico trabajado durante cuatro años, respaldado por Conagua y 13 presidentes municipales que firmaron el manifiesto “Unidos por el Agua” en Corregidora. También cuenta con el apoyo de la Coparmex, la Canaco y sectores de la Iglesia católica. Kuri asegura que el agua tratada cumplirá con la Norma Oficial Mexicana para consumo humano y ha acusado a la oposición de politizar un tema de interés público.

Sin embargo, la falta de estudios técnicos públicos y de un plan claro para mitigar riesgos sanitarios ha debilitado su postura. Las críticas de Herrera y sus aliados, como Rufina Benítez y Fernando Avse, han resaltado la opacidad en los términos de la APP y la exclusión de comunidades vulnerables, como las indígenas de Amealco, en la planificación del proyecto.

Cuestionamientos técnicos y financieros

Expertos convocados por la oposición han advertido que el tratamiento de aguas residuales para consumo humano requiere estándares rigurosos que no han sido detallados por el gobierno. La ausencia de un observatorio independiente y de un diagnóstico hídrico integral alimenta las dudas sobre la viabilidad técnica. La elección de Pinfra como operadora ha sido cuestionada debido a su falta de experiencia en potabilización, lo que podría comprometer la calidad del agua.

El modelo financiero del proyecto, basado en una APP, implica un endeudamiento de al menos 41,000 millones de pesos, con proyecciones de hasta 80,000 millones por ajustes inflacionarios. Este esquema ha sido comparado con el “Fobaproa” de los noventa, generando temores de una carga económica insostenible. Proyectos previos del gobierno estatal, como el reemplacamiento vehicular de 1,500 millones de pesos, han reforzado la desconfianza ciudadana hacia iniciativas de gran escala.

Contexto político y social

El debate sobre El Batán se desarrolla en un Querétaro polarizado, donde el PAN ha dominado históricamente, pero Morena ha ganado terreno. Herrera y sus aliados, incluyendo a la alcaldesa Astrid Ortega y los legisladores locales Rosalba Velázquez, María Blanca Estela Sánchez y Erick Ortega, representan una corriente que prioriza la transparencia y la inclusión. Por su parte, el PAN de Kuri enfatiza el desarrollo económico y las alianzas con el sector privado, lo que ha generado críticas por privilegiar intereses corporativos.

La sociedad queretana está dividida: mientras sectores empresariales y medios locales apoyan el proyecto, académicos, ambientalistas y comunidades afectadas por el desabasto exigen claridad. Las lluvias de junio de 2025, que inundaron zonas del estado mientras otras enfrentaban escasez, han resaltado la urgencia de soluciones hídricas bien planificadas.

Un futuro en disputa

El Sistema Hídrico El Batán sigue en análisis en las Comisiones Unidas de la LXI Legislatura, con un futuro incierto. Las críticas de Gilberto Herrera, respaldadas por Rufina Benítez, Fernando Avse, Astrid Ortega, Rosal Rulfo, María Blanca Estela Sánchez, Erick Ortega y otros, han expuesto las limitaciones del proyecto en términos de transparencia, viabilidad y equidad. El gobierno de Kuri insiste en su necesidad, pero no ha logrado responder a las demandas de participación ciudadana.

Esta controversia refleja tensiones más amplias sobre el modelo de desarrollo en Querétaro. El resultado del debate determinará no solo el acceso al agua, sino también la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de una sociedad diversa y en transformación. La gestión responsable del agua, un recurso cada vez más escaso, sigue siendo un desafío crítico para el estado.

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Crisis en las fronteras de México: Protestas, narcoviolencia y tensiones geopolíticas

Por Rodrigo Visssuet, 9 de junio de 2025

Las fronteras de México, tanto al norte con Estados Unidos como al sur en Chiapas, se encuentran en un momento de alta tensión. En Los Ángeles, California, las protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han escalado, mientras que en Chiapas, la violencia desatada por cárteles como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha generado un clima de inseguridad que trasciende fronteras. Estos eventos, que parecen alimentar un estado de agitación en ambos extremos del país, han levantado sospechas sobre si podrían estar siendo orquestados para desestabilizar la región, en un contexto donde la llegada del nuevo embajador estadounidense, Ronald Johnson, y la guerra comercial entre Estados Unidos y China añaden capas de complejidad a la situación.

Protestas contra el ICE en Los Ángeles: Una ciudad en ebullición

Desde el viernes 6 de junio de 2025, Los Ángeles ha sido escenario de manifestaciones masivas en respuesta a las redadas migratorias ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según reportes, al menos 42 ciudadanos mexicanos han sido detenidos en operativos del ICE, lo que ha desatado la indignación de comunidades migrantes y organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que planea una protesta pacífica el 9 de junio en el centro de la ciudad. Las movilizaciones han derivado en enfrentamientos violentos, con la Guardia Nacional desplegando más de 2,000 efectivos, el uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, y reportes de vehículos incendiados y grafitis con mensajes como “Our City” en edificios federales.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha condenado las protestas violentas, afirmando que “los manifestantes violentos en Los Ángeles no representan al pueblo mexicano” y destacando la importancia de reforzar el Estado de Derecho. Sin embargo, un post en X de @UnnimediosMx, cuya veracidad no ha sido confirmada, sugiere que mafias mexicanas, venezolanas y cubanas podrían estar detrás de la violencia, lo que ha generado especulaciones sobre una posible manipulación de las protestas para exacerbar tensiones. Esta información, aunque no verificada, refleja el clima de desconfianza y polarización en torno a las políticas migratorias de Trump, que incluyen la amenaza de deportaciones masivas y la difusión de anuncios antimigrantes en México, calificados como “discriminatorios” por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Chiapas: Un polvorín controlado por cárteles

En el sur de México, Chiapas enfrenta una crisis de violencia que ha convertido al estado en un campo de batalla entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG. Según un informe de ACLED, México es el cuarto país con un conflicto armado más extremo en 2024, solo superado por Palestina, Myanmar y Siria, debido en gran parte a la fragmentación de los cárteles y su lucha por el control territorial. En Chiapas, esta “guerra civil de cárteles” ha desplazado a más de 4,000 personas en Tila y ha generado enfrentamientos que incluso han cruzado la frontera con Guatemala, donde autoridades reportan incursiones del CJNG.

La Guardia Nacional mexicana, empleada para contener tanto la migración como el crimen organizado, ha sido señalada por abusos, incluyendo la ejecución de migrantes en Chiapas. Esta situación ha llevado a agencias turísticas de Francia, Reino Unido y Bélgica a suspender viajes a la selva Lacandona, evidenciando el impacto internacional de la violencia. La escalada de inseguridad coincide con un aumento en la retórica estadounidense que vincula la migración y el narcotráfico, con figuras como el ex-senador Marco Rubio responsabilizando a los cárteles de “inundar” Estados Unidos con inmigrantes y fentanilo.

¿Una desestabilización orquestada?

La simultaneidad de las crisis en ambas fronteras ha generado especulaciones sobre si estos eventos podrían estar siendo manipulados para desestabilizar a México. La llegada de Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México, un exmilitar con experiencia en inteligencia y relaciones con gobiernos de América Latina, ha avivado estas sospechas. Johnson no ha descartado la posibilidad de acciones militares unilaterales contra cárteles si la seguridad de ciudadanos estadounidenses está en riesgo, aunque enfatiza la cooperación con México. Su nombramiento, ha sido recibido con cautela en México, donde se teme que su experiencia en operaciones de seguridad pueda presionar por una mayor intervención estadounidense.

Por otro lado, la guerra comercial entre Estados Unidos y China aparece como un trasfondo clave. México ha superado a China como el principal socio comercial de Estados Unidos en 2023, beneficiándose de las tensiones entre Washington y Pekín. Sin embargo, Trump ha amenazado con imponer aranceles del 25% a las importaciones mexicanas si no se detiene el flujo migratorio y el transbordo de productos chinos a través de México. Estas medidas podrían debilitar la economía mexicana, que depende en gran medida de las remesas y el comercio con Estados Unidos. Algunos analistas, como Guadalupe González, sugieren que las políticas de Trump buscan no solo controlar la migración, sino también proyectar poder internacional y debilitar a México como competidor en el contexto de la rivalidad con China.

La respuesta mexicana y el papel de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura de cautela y negociación frente a las presiones de Trump. En respuesta a las redadas en Los Ángeles, ha prometido apoyo a los migrantes mexicanos y ha criticado la retórica antimigrante de Estados Unidos, mientras aboga por una reforma migratoria integral. En Chiapas, su administración enfrenta el desafío de controlar la violencia sin ceder a la militarización impulsada por Estados Unidos, manteniendo el programa “Constructores de Paz” para prevenir el reclutamiento de jóvenes por los cárteles.

Sin embargo, la estrategia mexicana enfrenta críticas. Organizaciones de derechos humanos temen que las políticas migratorias de Trump, como la reinstalación del programa “Quédate en México” o el Título 42, se implementen con la complicidad de México, como ocurrió durante el primer mandato de Trump. Además, la falta de una respuesta contundente a la violencia en Chiapas podría exacerbar la percepción de debilidad institucional.

 Un juego geopolítico de alto riesgo

Las crisis en las fronteras de México no son hechos aislados, sino parte de un entramado geopolítico donde la migración, el narcotráfico y la guerra comercial entre Estados Unidos y China convergen. La llegada de Ronald Johnson como embajador podría intensificar la presión sobre México para alinearse con los intereses de Washington, mientras que las protestas en Los Ángeles y la violencia en Chiapas reflejan las tensiones sociales y políticas de una relación bilateral asimétrica. Si bien no hay evidencia concluyente de que estos eventos sean orquestados para desestabilizar México, las declaraciones de Trump y la retórica de su administración sugieren una estrategia de coerción que podría tener consecuencias económicas y sociales devastadoras para el país.

En este contexto, México enfrenta el desafío de proteger su soberanía y a sus ciudadanos, tanto en su territorio como en el extranjero, mientras navega las complejidades de una relación bilateral marcada por la desconfianza y la dependencia mutua. La pregunta sigue siendo si la diplomacia de Sheinbaum podrá contrarrestar las políticas de mano dura de Trump y mantener la estabilidad en un momento de incertidumbre global.

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Celia Maya: De Las Derrotas en Querétaro a Favorita para el Tribunal de Disciplina Judicial

San Juan del Río, 3 de junio de 2025 – A sus 75 años, Celia Maya García, abogada y magistrada queretana, está al borde de un triunfo histórico. Los resultados preliminares de la elección judicial del 1 de junio de 2025, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), la posicionan como una de las principales contendientes para ocupar una de las cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, con 1,665,019 votos y una participación ciudadana del 9.9905%, según datos actualizados al 3 de junio. Este proceso, el primero en su tipo en México, representa un punto de inflexión para Maya, quien, tras tres derrotas en su búsqueda por la gubernatura de Querétaro, emerge como una figura clave en la transformación del Poder Judicial. Su trayectoria, definida por la perseverancia y el compromiso con la justicia social, es una crónica de lucha y esperanza en un México que redefine su sistema judicial.

Los inicios: Una vida dedicada al derecho

Nacida el 4 de diciembre de 1949 en Querétaro, Celia Maya García se formó como abogada en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), donde también obtuvo una maestría en Derecho Fiscal y un doctorado en Derecho. Su carrera judicial comenzó en 1985 como jueza de primera instancia en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, ascendiendo a magistrada en 1995, cargo que ocupó durante 28 años hasta su jubilación en 2023. Se destacó por su enfoque en los derechos humanos, la equidad de género y la defensa de sectores vulnerables, ganándose el respeto en el ámbito jurídico local.

Conocida por su carácter combativo, Maya incursionó en la política como una voz crítica del establishment. Afiliada al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desde su fundación, su ideología de izquierda y su alineación con la Cuarta Transformación la llevaron a competir por la gubernatura de Querétaro en tres ocasiones, enfrentándose a un estado dominado por el Partido Acción Nacional (PAN).

2003: El primer intento en un Querétaro panista

En 2003, Celia Maya se postuló como candidata a gobernadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y México Posible, en un Querétaro bajo el control del PAN, liderado por Ignacio Loyola Vera. Su campaña, centrada en combatir la desigualdad y mejorar el acceso a la justicia, resonó entre sectores populares, pero chocó con un entorno político adverso. El PAN, con Francisco Garrido Patrón, obtuvo el 54.2% de los votos, mientras que Maya logró un 7.8%, quedando en tercer lugar detrás del PRI.

“Perdí, pero no me rendí. La justicia no se mide en votos, sino en convicciones”, declaró Maya en una entrevista de la época. Esta primera experiencia electoral fortaleció su determinación, aunque evidenció los desafíos de enfrentar una maquinaria política consolidada.

2015: Un segundo revés en un contexto violento

En 2015, Maya volvió a competir por la gubernatura, ahora con Morena, un partido emergente. Querétaro vivía un auge económico por el nearshoring, pero también tensiones sociales y un aumento en la violencia. Su campaña abogó por un desarrollo inclusivo, con énfasis en educación, salud y combate a la corrupción. Sin embargo, el PAN, con Francisco Domínguez Servién, mantuvo su hegemonía con el 47.7% de los votos. Maya obtuvo un 14.3%, un avance respecto a 2003, pero insuficiente para desafiar el dominio panista.

La elección estuvo marcada por denuncias de irregularidades, como compra de votos, que Maya llevó a tribunales sin éxito. “El sistema protege a los poderosos, pero cada lucha nos acerca al cambio”, afirmó entonces. Su campaña consolidó su imagen como una figura de oposición firme y amplió su proyección dentro de Morena.

2021: La elección más reñida

En 2021, Maya enfrentó su tercera contienda por la gubernatura de Querétaro, en un contexto de polarización nacional y el ascenso de Morena tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Su campaña, centrada en la justicia social, el fortalecimiento del sistema de salud y el combate a la desigualdad, movilizó a un electorado cansado del continuismo panista. Enfrentó a Mauricio Kuri González (PAN), quien ganó con el 54.2% frente al 23.1% de Maya, según el INE. Aunque la brecha se redujo, el PAN mantuvo su control gracias a su estructura electoral y alianzas.

Esta derrota fue un punto de inflexión. Maya se convirtió en un símbolo de resistencia para los sectores progresistas de Querétaro, y su discurso sobre transformar las instituciones resonó con la base de Morena. “No ganamos la gubernatura, pero ganamos corazones”, dijo en su mensaje postelectoral, palabras que anticiparon su siguiente paso en la escena nacional.

2023: Un nuevo rol en el Consejo de la Judicatura Federal

Tras su retiro como magistrada, Maya fue nombrada consejera de la Judicatura Federal en septiembre de 2023, un cargo que le permitió influir en la administración del Poder Judicial. Desde esta posición, enfrentó a la entonces presidenta de la SCJN, Norma Piña, denunciando intentos de restar atribuciones a las comisiones establecidas por ley, como la de adscripciones. Su postura crítica reforzó su imagen como defensora de la transparencia y la independencia judicial.

2025: La elección judicial y el liderato en el conteo

La reforma judicial de 2024, impulsada por López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, introdujo la elección popular de jueces, magistrados y ministros, reemplazando el Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial. Celia Maya, con su experiencia judicial y su cercanía a Morena, se postuló como candidata a magistrada de este nuevo tribunal, bajo el lema “Justicia con rostro humano” y el número 9 en la boleta turquesa. Su propuesta destaca la transparencia, la erradicación de la corrupción y la creación de un sistema judicial accesible, con énfasis en evaluaciones ciudadanas del desempeño judicial y mecanismos para proteger a personas vulnerables.

La elección del 1 de junio de 2025, con 38 candidatos compitiendo por cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, fue un desafío logístico para el INE, con 84,021 casillas instaladas y una participación ciudadana del 9.9905%. A pesar de críticas por irregularidades, como el uso de “acordeones” oficiales, Maya ha destacado en el conteo preliminar. Al 3 de junio, 3:48 pm con un avance del 41.22%, Maya lidera con 1,665,019 votos, posicionándose como una de las favoritas para ocupar una de las magistraturas, según datos proporcionados.

“Venimos a comprometernos con la vigilancia activa, colectiva, popular de quienes, desde una toga, han traicionado al pueblo”, afirmó Maya el 25 de mayo en Tlalpan, CDMX, donde destacó que el Tribunal de Disciplina Judicial será “una trinchera contra la corrupción”. Su campaña, que incluyó recorridos por comunidades, resonó con un electorado que valora su trayectoria y su compromiso con un sistema judicial más humano.

El conteo actual y la expectativa de triunfo

Según el INE, los cómputos distritales comenzaron el 1 de junio a las 18:00 horas y continuarán hasta el 10 de junio, con resultados finales el 15 de junio. Al 3 de junio, Maya se mantiene como una de las favoritas, según datos del INE que destacan su liderato entre las candidatas mujeres. La baja participación (9.9905%) y la ausencia del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) han generado críticas, pero el INE garantiza transparencia con transmisiones en vivo de los cómputos en computospj2025.ine.mx. Aunque el proceso no ha concluido, los 1,665,019 votos reportados para Maya reflejan un respaldo significativo, consolidándola como una contendiente fuerte para el Tribunal de Disciplina Judicial.

Un legado de perseverancia

El camino de Celia Maya García es una historia de tenacidad. Desde sus batallas en los tribunales de Querétaro hasta su actual posición como favorita para el Tribunal de Disciplina Judicial, ha demostrado que las derrotas no definen a una persona, sino su capacidad para seguir luchando. Su posible elección como magistrada, tras tres intentos fallidos por la gubernatura, sería un reconocimiento a su trayectoria y un paso hacia un Poder Judicial más inclusivo y transparente.

En Querétaro, donde nunca logró la gubernatura, su nombre resuena como un símbolo de resistencia. Mientras México enfrenta los retos de una justicia electa por voto popular, Celia Maya se perfila para escribir un nuevo capítulo en la historia del país, llevando al Tribunal de Disciplina Judicial su experiencia, su ética y su compromiso con la justicia social. El conteo final determinará si, a sus 75 años, Maya logra su primera victoria electoral, marcando un hito en su incansable lucha por un México más justo.

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Jenaro Villamil sugiere vínculo entre Latinus y Televisa

En una conversación de alto calibre periodístico transmitida por Canal 11 en el programa “Largo Aliento”, conducido por la reconocida periodista Sabina Berman, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, lanzó una afirmación que ha comenzado a generar reacciones en múltiples frentes: Latinus, el medio digital surgido al inicio del sexenio anterior, podría ser, en realidad, un brazo ejecutor de guerra sucia vinculado a Televisa, la poderosa transnacional mexicana de medios de comunicación.

La declaración surgió a propósito de la investigación periodística #TelevisaLeaks, encabezada por la periodista Carmen Aristegui, un trabajo que Villamil describió como “imprescindible” para toda mexicana y mexicano comprometido con el derecho a la información y la transparencia. En palabras del periodista, este trabajo revela con precisión quirúrgica el funcionamiento de lo que denominó como “fábricas de mentiras”, articuladas desde las entrañas de una de las corporaciones mediáticas más influyentes del mundo hispanoparlante.

Una acusación de alto voltaje: Latinus, ¿la extensión digital de Televisa?

Fue durante ese mismo diálogo, tras reflexionar sobre la necesidad de seguir la ruta del dinero detrás de las estrategias de desinformación, cuando Sabina Berman preguntó a Villamil sobre los otros actores que podrían operar con lógicas similares. Fue entonces cuando el presidente del SPR formuló una hipótesis que, aunque reconoció carecer de pruebas documentales concluyentes, se apoya en indicios que considera contundentes:

“Mi sospecha —porque eso es, una sospecha— es que Latinus es otro brazo ejecutor de guerra sucia de Televisa. No forma parte orgánicamente de la televisora, pero hay muchas señales que indican esta conexión”, afirmó Villamil.

Entre los elementos que sustentan esta conjetura, Villamil destacó el alto nivel de producción audiovisual de Latinus, inusual para un medio que se presenta como nativo digital e independiente. También subrayó el hecho de que la empresa esté registrada legalmente en Delaware, EE.UU., un conocido paraíso fiscal, lo que abre interrogantes sobre su financiamiento y modelo de operación. A esto se suma la presencia sistemática de analistas y opinadores ligados a Televisa en sus espacios de debate, lo cual, a juicio del periodista, refuerza el perfil de Latinus como una extensión mediática informal de la televisora.

Sabina Berman fue aún más incisiva al calificar a algunos de estos participantes como “tontos útiles” de este entramado, aludiendo directamente a figuras como Denisse Dresser y Jesús Silva-Herzog Márquez, cuyos vínculos mediáticos han sido objeto de amplio debate.

El desafío legal y ético ante la era de la desinformación

Villamil, sin limitarse a la denuncia, fue enfático al señalar la urgencia de una legislación robusta contra la desinformación, tomando como referencia cuatro países que ya han tipificado las mentiras deliberadas en medios —sean públicos o digitales— como conductas sancionables: Reino Unido, Francia, Turquía e India.

“Una cosa es la libertad de expresión y otra muy distinta es la desinformación”, sentenció Villamil, diferenciando con claridad entre el derecho legítimo a opinar y la fabricación sistemática de falsedades con fines políticos y económicos.

Desintoxicar el debate público: una urgencia democrática

En el cierre de esta conversación intensa y esclarecedora, ambos periodistas coincidieron en que el país necesita con urgencia una “desintoxicación del debate público”. Un llamado que no apela al silenciamiento de voces, sino a la reconstrucción de un ecosistema informativo más honesto, plural y riguroso.

En tiempos donde la línea entre información y propaganda se difumina con facilidad, las palabras de Jenaro Villamil retumban como un desafío para los medios, para las audiencias y para los poderes públicos: recuperar la verdad no es solo un imperativo ético, sino un requisito imprescindible para la democracia.