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Sistema Hídrico El Batán: La controversia que sacude al gobierno de Mauricio Kuri

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El Proyecto Hídrico El Batán, concebido como una solución a la crisis hídrica de Querétaro, ha desatado una controversia que pone en entredicho las decisiones del gobierno de Mauricio Kuri. Este plan, que busca garantizar agua potable para la zona metropolitana durante las próximas tres décadas, enfrenta cuestionamientos por su falta de transparencia, viabilidad técnica y alto costo financiero. Liderando la oposición está el diputado federal Gilberto Herrera Ruiz, acompañado por un grupo de aliados que incluye legisladores y figuras locales, quienes han señalado inconsistencias y exigido alternativas sustentables. Este artículo analiza los orígenes del proyecto, las críticas de la oposición y el contexto político.

Orígenes del Sistema El Batán

El 4 de marzo de 2025, el gobernador Mauricio Kuri presentó el Sistema Hídrico El Batán, o «Batán, Agua para Todos», ante la Cámara de Diputados local. El proyecto propone tratar aguas residuales para convertirlas en agua potable, con una capacidad de 3,600 litros por segundo, superando al Acueducto II. Con un costo inicial de 9,500 millones de pesos (más IVA) y una Asociación Público-Privada (APP) que comprometería al estado a pagos de 41,000 millones de pesos durante 27 a 30 años, el gobierno lo plantea como una respuesta al estrés hídrico de Querétaro, sexto estado más afectado en México, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El proyecto, respaldado por Conagua, busca posicionar a Querétaro como líder en reúso de agua, pero la elección de Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), una empresa sin experiencia en potabilización, y la falta de estudios técnicos públicos han generado dudas sobre su ejecución.

La oposición liderada por Gilberto Herrera y sus aliados

Gilberto Herrera Ruiz, diputado federal por el Distrito 1 de Querétaro y exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro, ha encabezado la oposición al Sistema El Batán, cuestionando su viabilidad financiera, técnica y sanitaria. Acompañado por un grupo diverso de aliados, Herrera ha articulado una crítica que combina análisis técnico con demandas de transparencia. Entre sus principales aliados se encuentran:

  • Rufina Benítez Estrada, diputada federal de Morena, quien ha respaldado a Herrera en temas como la defensa de ejidatarios y la oposición a proyectos que beneficien a privados.

  • Rosalba Velázquez Ramírez, diputada local de Morena en la LXI Legislatura, conocida por su trabajo en la defensa de derechos sociales y su crítica a la opacidad del proyecto.

  • María Blanca Estela Sánchez, diputada local de Morena, que ha apoyado iniciativas para priorizar el acceso al agua en comunidades marginadas.

  • Erick Ricardo Ortega, diputado local de Morena, quien ha cuestionado la falta de inclusión de comunidades rurales en la planificación hídrica.

  • Fernando Avse Flores Pérez, regidor del municipio de Querétaro, un aliado activo que ha respaldado a Herrera en temas como la protección de tierras ejidales y la oposición al Sistema El Batán.

  • Astrid Ortega Vázquez, alcaldesa de Cadereyta de Montes, quien ha denunciado intereses políticos detrás del manejo del agua en su municipio y ha recibido el apoyo de Herrera en conflictos relacionados con el abasto hídrico.

El 12 de junio de 2025, Herrera presentó una propuesta alternativa en tres ejes: mesas técnicas con expertos, revisión de los procesos de potabilización y soluciones que eviten contratos a largo plazo con privados. Ha señalado discrepancias con un convenio de 2024 firmado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que destinaba 4,300 millones de pesos para extraer agua de la presa El Batán, no para tratar aguas residuales. Herrera estima que los costos del proyecto podrían alcanzar los 80,000 millones de pesos debido a ajustes inflacionarios, lo que considera una carga insostenible.

Los aliados de Herrera han organizado conversatorios con académicos, ambientalistas y expertos en salud pública, exigiendo un observatorio independiente para monitorear la calidad del agua y un diagnóstico hídrico integral, elementos ausentes en la propuesta estatal.

La postura del gobierno de Kuri

Mauricio Kuri ha defendido el Sistema El Batán como un proyecto técnico trabajado durante cuatro años, respaldado por Conagua y 13 presidentes municipales que firmaron el manifiesto «Unidos por el Agua» en Corregidora. También cuenta con el apoyo de la Coparmex, la Canaco y sectores de la Iglesia católica. Kuri asegura que el agua tratada cumplirá con la Norma Oficial Mexicana para consumo humano y ha acusado a la oposición de politizar un tema de interés público.

Sin embargo, la falta de estudios técnicos públicos y de un plan claro para mitigar riesgos sanitarios ha debilitado su postura. Las críticas de Herrera y sus aliados, como Rufina Benítez y Fernando Avse, han resaltado la opacidad en los términos de la APP y la exclusión de comunidades vulnerables, como las indígenas de Amealco, en la planificación del proyecto.

Cuestionamientos técnicos y financieros

Expertos convocados por la oposición han advertido que el tratamiento de aguas residuales para consumo humano requiere estándares rigurosos que no han sido detallados por el gobierno. La ausencia de un observatorio independiente y de un diagnóstico hídrico integral alimenta las dudas sobre la viabilidad técnica. La elección de Pinfra como operadora ha sido cuestionada debido a su falta de experiencia en potabilización, lo que podría comprometer la calidad del agua.

El modelo financiero del proyecto, basado en una APP, implica un endeudamiento de al menos 41,000 millones de pesos, con proyecciones de hasta 80,000 millones por ajustes inflacionarios. Este esquema ha sido comparado con el «Fobaproa» de los noventa, generando temores de una carga económica insostenible. Proyectos previos del gobierno estatal, como el reemplacamiento vehicular de 1,500 millones de pesos, han reforzado la desconfianza ciudadana hacia iniciativas de gran escala.

Contexto político y social

El debate sobre El Batán se desarrolla en un Querétaro polarizado, donde el PAN ha dominado históricamente, pero Morena ha ganado terreno. Herrera y sus aliados, incluyendo a la alcaldesa Astrid Ortega y los legisladores locales Rosalba Velázquez, María Blanca Estela Sánchez y Erick Ortega, representan una corriente que prioriza la transparencia y la inclusión. Por su parte, el PAN de Kuri enfatiza el desarrollo económico y las alianzas con el sector privado, lo que ha generado críticas por privilegiar intereses corporativos.

La sociedad queretana está dividida: mientras sectores empresariales y medios locales apoyan el proyecto, académicos, ambientalistas y comunidades afectadas por el desabasto exigen claridad. Las lluvias de junio de 2025, que inundaron zonas del estado mientras otras enfrentaban escasez, han resaltado la urgencia de soluciones hídricas bien planificadas.

Un futuro en disputa

El Sistema Hídrico El Batán sigue en análisis en las Comisiones Unidas de la LXI Legislatura, con un futuro incierto. Las críticas de Gilberto Herrera, respaldadas por Rufina Benítez, Fernando Avse, Astrid Ortega, Rosal Rulfo, María Blanca Estela Sánchez, Erick Ortega y otros, han expuesto las limitaciones del proyecto en términos de transparencia, viabilidad y equidad. El gobierno de Kuri insiste en su necesidad, pero no ha logrado responder a las demandas de participación ciudadana.

Esta controversia refleja tensiones más amplias sobre el modelo de desarrollo en Querétaro. El resultado del debate determinará no solo el acceso al agua, sino también la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de una sociedad diversa y en transformación. La gestión responsable del agua, un recurso cada vez más escaso, sigue siendo un desafío crítico para el estado.

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Crisis en las fronteras de México: Protestas, narcoviolencia y tensiones geopolíticas

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Por Rodrigo Visssuet, 9 de junio de 2025

Las fronteras de México, tanto al norte con Estados Unidos como al sur en Chiapas, se encuentran en un momento de alta tensión. En Los Ángeles, California, las protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han escalado, mientras que en Chiapas, la violencia desatada por cárteles como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha generado un clima de inseguridad que trasciende fronteras. Estos eventos, que parecen alimentar un estado de agitación en ambos extremos del país, han levantado sospechas sobre si podrían estar siendo orquestados para desestabilizar la región, en un contexto donde la llegada del nuevo embajador estadounidense, Ronald Johnson, y la guerra comercial entre Estados Unidos y China añaden capas de complejidad a la situación.

Protestas contra el ICE en Los Ángeles: Una ciudad en ebullición

Desde el viernes 6 de junio de 2025, Los Ángeles ha sido escenario de manifestaciones masivas en respuesta a las redadas migratorias ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según reportes, al menos 42 ciudadanos mexicanos han sido detenidos en operativos del ICE, lo que ha desatado la indignación de comunidades migrantes y organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que planea una protesta pacífica el 9 de junio en el centro de la ciudad. Las movilizaciones han derivado en enfrentamientos violentos, con la Guardia Nacional desplegando más de 2,000 efectivos, el uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, y reportes de vehículos incendiados y grafitis con mensajes como “Our City” en edificios federales.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha condenado las protestas violentas, afirmando que “los manifestantes violentos en Los Ángeles no representan al pueblo mexicano” y destacando la importancia de reforzar el Estado de Derecho. Sin embargo, un post en X de @UnnimediosMx, cuya veracidad no ha sido confirmada, sugiere que mafias mexicanas, venezolanas y cubanas podrían estar detrás de la violencia, lo que ha generado especulaciones sobre una posible manipulación de las protestas para exacerbar tensiones. Esta información, aunque no verificada, refleja el clima de desconfianza y polarización en torno a las políticas migratorias de Trump, que incluyen la amenaza de deportaciones masivas y la difusión de anuncios antimigrantes en México, calificados como “discriminatorios” por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Chiapas: Un polvorín controlado por cárteles

En el sur de México, Chiapas enfrenta una crisis de violencia que ha convertido al estado en un campo de batalla entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG. Según un informe de ACLED, México es el cuarto país con un conflicto armado más extremo en 2024, solo superado por Palestina, Myanmar y Siria, debido en gran parte a la fragmentación de los cárteles y su lucha por el control territorial. En Chiapas, esta “guerra civil de cárteles” ha desplazado a más de 4,000 personas en Tila y ha generado enfrentamientos que incluso han cruzado la frontera con Guatemala, donde autoridades reportan incursiones del CJNG.

La Guardia Nacional mexicana, empleada para contener tanto la migración como el crimen organizado, ha sido señalada por abusos, incluyendo la ejecución de migrantes en Chiapas. Esta situación ha llevado a agencias turísticas de Francia, Reino Unido y Bélgica a suspender viajes a la selva Lacandona, evidenciando el impacto internacional de la violencia. La escalada de inseguridad coincide con un aumento en la retórica estadounidense que vincula la migración y el narcotráfico, con figuras como el ex-senador Marco Rubio responsabilizando a los cárteles de “inundar” Estados Unidos con inmigrantes y fentanilo.

¿Una desestabilización orquestada?

La simultaneidad de las crisis en ambas fronteras ha generado especulaciones sobre si estos eventos podrían estar siendo manipulados para desestabilizar a México. La llegada de Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México, un exmilitar con experiencia en inteligencia y relaciones con gobiernos de América Latina, ha avivado estas sospechas. Johnson no ha descartado la posibilidad de acciones militares unilaterales contra cárteles si la seguridad de ciudadanos estadounidenses está en riesgo, aunque enfatiza la cooperación con México. Su nombramiento, ha sido recibido con cautela en México, donde se teme que su experiencia en operaciones de seguridad pueda presionar por una mayor intervención estadounidense.

Por otro lado, la guerra comercial entre Estados Unidos y China aparece como un trasfondo clave. México ha superado a China como el principal socio comercial de Estados Unidos en 2023, beneficiándose de las tensiones entre Washington y Pekín. Sin embargo, Trump ha amenazado con imponer aranceles del 25% a las importaciones mexicanas si no se detiene el flujo migratorio y el transbordo de productos chinos a través de México. Estas medidas podrían debilitar la economía mexicana, que depende en gran medida de las remesas y el comercio con Estados Unidos. Algunos analistas, como Guadalupe González, sugieren que las políticas de Trump buscan no solo controlar la migración, sino también proyectar poder internacional y debilitar a México como competidor en el contexto de la rivalidad con China.

La respuesta mexicana y el papel de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura de cautela y negociación frente a las presiones de Trump. En respuesta a las redadas en Los Ángeles, ha prometido apoyo a los migrantes mexicanos y ha criticado la retórica antimigrante de Estados Unidos, mientras aboga por una reforma migratoria integral. En Chiapas, su administración enfrenta el desafío de controlar la violencia sin ceder a la militarización impulsada por Estados Unidos, manteniendo el programa “Constructores de Paz” para prevenir el reclutamiento de jóvenes por los cárteles.

Sin embargo, la estrategia mexicana enfrenta críticas. Organizaciones de derechos humanos temen que las políticas migratorias de Trump, como la reinstalación del programa “Quédate en México” o el Título 42, se implementen con la complicidad de México, como ocurrió durante el primer mandato de Trump. Además, la falta de una respuesta contundente a la violencia en Chiapas podría exacerbar la percepción de debilidad institucional.

 Un juego geopolítico de alto riesgo

Las crisis en las fronteras de México no son hechos aislados, sino parte de un entramado geopolítico donde la migración, el narcotráfico y la guerra comercial entre Estados Unidos y China convergen. La llegada de Ronald Johnson como embajador podría intensificar la presión sobre México para alinearse con los intereses de Washington, mientras que las protestas en Los Ángeles y la violencia en Chiapas reflejan las tensiones sociales y políticas de una relación bilateral asimétrica. Si bien no hay evidencia concluyente de que estos eventos sean orquestados para desestabilizar México, las declaraciones de Trump y la retórica de su administración sugieren una estrategia de coerción que podría tener consecuencias económicas y sociales devastadoras para el país.

En este contexto, México enfrenta el desafío de proteger su soberanía y a sus ciudadanos, tanto en su territorio como en el extranjero, mientras navega las complejidades de una relación bilateral marcada por la desconfianza y la dependencia mutua. La pregunta sigue siendo si la diplomacia de Sheinbaum podrá contrarrestar las políticas de mano dura de Trump y mantener la estabilidad en un momento de incertidumbre global.

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Celia Maya: De Las Derrotas en Querétaro a Favorita para el Tribunal de Disciplina Judicial

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San Juan del Río, 3 de junio de 2025 – A sus 75 años, Celia Maya García, abogada y magistrada queretana, está al borde de un triunfo histórico. Los resultados preliminares de la elección judicial del 1 de junio de 2025, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), la posicionan como una de las principales contendientes para ocupar una de las cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, con 1,665,019 votos y una participación ciudadana del 9.9905%, según datos actualizados al 3 de junio. Este proceso, el primero en su tipo en México, representa un punto de inflexión para Maya, quien, tras tres derrotas en su búsqueda por la gubernatura de Querétaro, emerge como una figura clave en la transformación del Poder Judicial. Su trayectoria, definida por la perseverancia y el compromiso con la justicia social, es una crónica de lucha y esperanza en un México que redefine su sistema judicial.

Los inicios: Una vida dedicada al derecho

Nacida el 4 de diciembre de 1949 en Querétaro, Celia Maya García se formó como abogada en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), donde también obtuvo una maestría en Derecho Fiscal y un doctorado en Derecho. Su carrera judicial comenzó en 1985 como jueza de primera instancia en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, ascendiendo a magistrada en 1995, cargo que ocupó durante 28 años hasta su jubilación en 2023. Se destacó por su enfoque en los derechos humanos, la equidad de género y la defensa de sectores vulnerables, ganándose el respeto en el ámbito jurídico local.

Conocida por su carácter combativo, Maya incursionó en la política como una voz crítica del establishment. Afiliada al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desde su fundación, su ideología de izquierda y su alineación con la Cuarta Transformación la llevaron a competir por la gubernatura de Querétaro en tres ocasiones, enfrentándose a un estado dominado por el Partido Acción Nacional (PAN).

2003: El primer intento en un Querétaro panista

En 2003, Celia Maya se postuló como candidata a gobernadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y México Posible, en un Querétaro bajo el control del PAN, liderado por Ignacio Loyola Vera. Su campaña, centrada en combatir la desigualdad y mejorar el acceso a la justicia, resonó entre sectores populares, pero chocó con un entorno político adverso. El PAN, con Francisco Garrido Patrón, obtuvo el 54.2% de los votos, mientras que Maya logró un 7.8%, quedando en tercer lugar detrás del PRI.

“Perdí, pero no me rendí. La justicia no se mide en votos, sino en convicciones”, declaró Maya en una entrevista de la época. Esta primera experiencia electoral fortaleció su determinación, aunque evidenció los desafíos de enfrentar una maquinaria política consolidada.

2015: Un segundo revés en un contexto violento

En 2015, Maya volvió a competir por la gubernatura, ahora con Morena, un partido emergente. Querétaro vivía un auge económico por el nearshoring, pero también tensiones sociales y un aumento en la violencia. Su campaña abogó por un desarrollo inclusivo, con énfasis en educación, salud y combate a la corrupción. Sin embargo, el PAN, con Francisco Domínguez Servién, mantuvo su hegemonía con el 47.7% de los votos. Maya obtuvo un 14.3%, un avance respecto a 2003, pero insuficiente para desafiar el dominio panista.

La elección estuvo marcada por denuncias de irregularidades, como compra de votos, que Maya llevó a tribunales sin éxito. “El sistema protege a los poderosos, pero cada lucha nos acerca al cambio”, afirmó entonces. Su campaña consolidó su imagen como una figura de oposición firme y amplió su proyección dentro de Morena.

2021: La elección más reñida

En 2021, Maya enfrentó su tercera contienda por la gubernatura de Querétaro, en un contexto de polarización nacional y el ascenso de Morena tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Su campaña, centrada en la justicia social, el fortalecimiento del sistema de salud y el combate a la desigualdad, movilizó a un electorado cansado del continuismo panista. Enfrentó a Mauricio Kuri González (PAN), quien ganó con el 54.2% frente al 23.1% de Maya, según el INE. Aunque la brecha se redujo, el PAN mantuvo su control gracias a su estructura electoral y alianzas.

Esta derrota fue un punto de inflexión. Maya se convirtió en un símbolo de resistencia para los sectores progresistas de Querétaro, y su discurso sobre transformar las instituciones resonó con la base de Morena. “No ganamos la gubernatura, pero ganamos corazones”, dijo en su mensaje postelectoral, palabras que anticiparon su siguiente paso en la escena nacional.

2023: Un nuevo rol en el Consejo de la Judicatura Federal

Tras su retiro como magistrada, Maya fue nombrada consejera de la Judicatura Federal en septiembre de 2023, un cargo que le permitió influir en la administración del Poder Judicial. Desde esta posición, enfrentó a la entonces presidenta de la SCJN, Norma Piña, denunciando intentos de restar atribuciones a las comisiones establecidas por ley, como la de adscripciones. Su postura crítica reforzó su imagen como defensora de la transparencia y la independencia judicial.

2025: La elección judicial y el liderato en el conteo

La reforma judicial de 2024, impulsada por López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, introdujo la elección popular de jueces, magistrados y ministros, reemplazando el Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial. Celia Maya, con su experiencia judicial y su cercanía a Morena, se postuló como candidata a magistrada de este nuevo tribunal, bajo el lema “Justicia con rostro humano” y el número 9 en la boleta turquesa. Su propuesta destaca la transparencia, la erradicación de la corrupción y la creación de un sistema judicial accesible, con énfasis en evaluaciones ciudadanas del desempeño judicial y mecanismos para proteger a personas vulnerables.

La elección del 1 de junio de 2025, con 38 candidatos compitiendo por cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, fue un desafío logístico para el INE, con 84,021 casillas instaladas y una participación ciudadana del 9.9905%. A pesar de críticas por irregularidades, como el uso de “acordeones” oficiales, Maya ha destacado en el conteo preliminar. Al 3 de junio, 3:48 pm con un avance del 41.22%, Maya lidera con 1,665,019 votos, posicionándose como una de las favoritas para ocupar una de las magistraturas, según datos proporcionados.

“Venimos a comprometernos con la vigilancia activa, colectiva, popular de quienes, desde una toga, han traicionado al pueblo”, afirmó Maya el 25 de mayo en Tlalpan, CDMX, donde destacó que el Tribunal de Disciplina Judicial será “una trinchera contra la corrupción”. Su campaña, que incluyó recorridos por comunidades, resonó con un electorado que valora su trayectoria y su compromiso con un sistema judicial más humano.

El conteo actual y la expectativa de triunfo

Según el INE, los cómputos distritales comenzaron el 1 de junio a las 18:00 horas y continuarán hasta el 10 de junio, con resultados finales el 15 de junio. Al 3 de junio, Maya se mantiene como una de las favoritas, según datos del INE que destacan su liderato entre las candidatas mujeres. La baja participación (9.9905%) y la ausencia del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) han generado críticas, pero el INE garantiza transparencia con transmisiones en vivo de los cómputos en computospj2025.ine.mx. Aunque el proceso no ha concluido, los 1,665,019 votos reportados para Maya reflejan un respaldo significativo, consolidándola como una contendiente fuerte para el Tribunal de Disciplina Judicial.

Un legado de perseverancia

El camino de Celia Maya García es una historia de tenacidad. Desde sus batallas en los tribunales de Querétaro hasta su actual posición como favorita para el Tribunal de Disciplina Judicial, ha demostrado que las derrotas no definen a una persona, sino su capacidad para seguir luchando. Su posible elección como magistrada, tras tres intentos fallidos por la gubernatura, sería un reconocimiento a su trayectoria y un paso hacia un Poder Judicial más inclusivo y transparente.

En Querétaro, donde nunca logró la gubernatura, su nombre resuena como un símbolo de resistencia. Mientras México enfrenta los retos de una justicia electa por voto popular, Celia Maya se perfila para escribir un nuevo capítulo en la historia del país, llevando al Tribunal de Disciplina Judicial su experiencia, su ética y su compromiso con la justicia social. El conteo final determinará si, a sus 75 años, Maya logra su primera victoria electoral, marcando un hito en su incansable lucha por un México más justo.

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Jenaro Villamil sugiere vínculo entre Latinus y Televisa

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En una conversación de alto calibre periodístico transmitida por Canal 11 en el programa «Largo Aliento», conducido por la reconocida periodista Sabina Berman, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, lanzó una afirmación que ha comenzado a generar reacciones en múltiples frentes: Latinus, el medio digital surgido al inicio del sexenio anterior, podría ser, en realidad, un brazo ejecutor de guerra sucia vinculado a Televisa, la poderosa transnacional mexicana de medios de comunicación.

La declaración surgió a propósito de la investigación periodística #TelevisaLeaks, encabezada por la periodista Carmen Aristegui, un trabajo que Villamil describió como «imprescindible» para toda mexicana y mexicano comprometido con el derecho a la información y la transparencia. En palabras del periodista, este trabajo revela con precisión quirúrgica el funcionamiento de lo que denominó como “fábricas de mentiras”, articuladas desde las entrañas de una de las corporaciones mediáticas más influyentes del mundo hispanoparlante.

Una acusación de alto voltaje: Latinus, ¿la extensión digital de Televisa?

Fue durante ese mismo diálogo, tras reflexionar sobre la necesidad de seguir la ruta del dinero detrás de las estrategias de desinformación, cuando Sabina Berman preguntó a Villamil sobre los otros actores que podrían operar con lógicas similares. Fue entonces cuando el presidente del SPR formuló una hipótesis que, aunque reconoció carecer de pruebas documentales concluyentes, se apoya en indicios que considera contundentes:

“Mi sospecha —porque eso es, una sospecha— es que Latinus es otro brazo ejecutor de guerra sucia de Televisa. No forma parte orgánicamente de la televisora, pero hay muchas señales que indican esta conexión”, afirmó Villamil.

Entre los elementos que sustentan esta conjetura, Villamil destacó el alto nivel de producción audiovisual de Latinus, inusual para un medio que se presenta como nativo digital e independiente. También subrayó el hecho de que la empresa esté registrada legalmente en Delaware, EE.UU., un conocido paraíso fiscal, lo que abre interrogantes sobre su financiamiento y modelo de operación. A esto se suma la presencia sistemática de analistas y opinadores ligados a Televisa en sus espacios de debate, lo cual, a juicio del periodista, refuerza el perfil de Latinus como una extensión mediática informal de la televisora.

Sabina Berman fue aún más incisiva al calificar a algunos de estos participantes como “tontos útiles” de este entramado, aludiendo directamente a figuras como Denisse Dresser y Jesús Silva-Herzog Márquez, cuyos vínculos mediáticos han sido objeto de amplio debate.

El desafío legal y ético ante la era de la desinformación

Villamil, sin limitarse a la denuncia, fue enfático al señalar la urgencia de una legislación robusta contra la desinformación, tomando como referencia cuatro países que ya han tipificado las mentiras deliberadas en medios —sean públicos o digitales— como conductas sancionables: Reino Unido, Francia, Turquía e India.

“Una cosa es la libertad de expresión y otra muy distinta es la desinformación”, sentenció Villamil, diferenciando con claridad entre el derecho legítimo a opinar y la fabricación sistemática de falsedades con fines políticos y económicos.

Desintoxicar el debate público: una urgencia democrática

En el cierre de esta conversación intensa y esclarecedora, ambos periodistas coincidieron en que el país necesita con urgencia una «desintoxicación del debate público». Un llamado que no apela al silenciamiento de voces, sino a la reconstrucción de un ecosistema informativo más honesto, plural y riguroso.

En tiempos donde la línea entre información y propaganda se difumina con facilidad, las palabras de Jenaro Villamil retumban como un desafío para los medios, para las audiencias y para los poderes públicos: recuperar la verdad no es solo un imperativo ético, sino un requisito imprescindible para la democracia.

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Punto Cero: Episodio Piloto» Con la Senadora Beatriz Robles

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En el episodio inaugural de Punto Cero, Rodrigo Vissuet conversa con la Senadora de la República Beatriz Robles, una de las figuras clave de la Cuarta Transformación. Representante del estado de Querétaro y protagonista de importantes logros legislativos, la Senadora comparte su historia, reflexiona sobre su experiencia profesional en Alemania y analiza los retos políticos actuales.

Durante la charla, exploramos:

  • Su destacada trayectoria y éxito electoral.
  • Las iniciativas que apoyó durante la transición de los gobiernos de AMLO y Claudia Sheinbaum.
  • Su visión de los primeros 100 días del gobierno de la Presidenta Sheinbaum.
  • El impacto del Plan México y la histórica inversión de Amazon en Querétaro.
  • Y su perspectiva sobre el liderazgo femenino en Querétaro y México.

Un episodio lleno de profundidad, contexto y reflexión. No te lo pierdas. ¡Dale play y descubre por qué Querétaro y México están en el centro de las decisiones más importantes!