Por: Redacción | LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 20 de enero de 2026.— La diputada local Sully Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable del Congreso del Estado e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, llamó a que la recién aprobada Ley General de Aguas se implemente con un liderazgo firme del Estado, priorizando a las familias y al sector agropecuario, y evitando que la industria continúe acaparando un recurso que —subrayó— debe ser tratado como un derecho humano y no como una mercancía.
La legisladora calificó la nueva ley como un avance histórico al devolver al Estado la rectoría sobre la gestión del agua, pero advirtió que su verdadero impacto dependerá de una reglamentación justa y de una armonización legal que no esté capturada por intereses industriales.
“La gestión del agua no puede quedar en manos de quienes históricamente han acaparado concesiones, mientras el campo y las familias padecen escasez”, afirmó.
Sully Mauricio enfatizó que, mientras la ley no sea publicada ni se emitan sus reglamentos, es indispensable que el Estado asuma un papel activo en la toma de decisiones, estableciendo reglas claras que coloquen en primer lugar el uso doméstico y la producción agropecuaria familiar, antes que el consumo intensivo de la industria.
“No podemos permitir que la armonización se haga pensando primero en el sector industrial y después en la gente. El agua debe alcanzar para los hogares y para quienes producen nuestros alimentos”, sostuvo.
La diputada reconoció los foros regionales y los esfuerzos por llevar la voz del campo a las mesas de diálogo con la CONAGUA, pero insistió en que esta participación debe ser real y vinculante, con un enfoque de justicia social. Entre los puntos que consideró urgentes destacó la actualización de concesiones obsoletas, la revisión de volúmenes autorizados y el combate frontal al acaparamiento del recurso hídrico.
Asimismo, subrayó que la Ley General de Aguas prohíbe la mercantilización del agua y apuesta por un modelo sustentable, por lo que ahora corresponde al Estado garantizar transparencia, datos actualizados sobre los acuíferos y reglas que protejan a las comunidades rurales de los 18 municipios de Querétaro.
Finalmente, Sully Mauricio fue enfática al señalar que la nueva legislación representa una oportunidad histórica para corregir desigualdades estructurales en el acceso al agua.
“Si el Estado lidera y se pone del lado del pueblo y del campo, podremos garantizar agua para todas y todos. Desde Querétaro vamos a vigilar que no se desvirtúe y que no se legisle en favor de intereses industriales por encima del derecho humano al agua”, concluyó.
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