Por: Redacción | LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 15 de enero de 2026.— Ante el creciente encarecimiento de la vivienda y la casi desaparición de la oferta habitacional para los sectores de menores ingresos, diputadas y diputados de Morena presentaron una propuesta integral para reactivar la vivienda popular en Querétaro, la cual será planteada a alcaldes metropolitanos y desarrolladores inmobiliarios.
La iniciativa es encabezada por los diputados locales Ulises Gómez de la Rosa, Sinuhé Piedragil Ortiz y Sully Mauricio Sixtos, en coordinación con el diputado federal Luis Humberto Fernández, así como con regidores municipales de Corregidora y San Juan del Río. El planteamiento busca generar condiciones reales para que la vivienda popular vuelva a ser viable en el estado, tras más de una década de abandono de este segmento.
La propuesta se estructura en cuatro medidas clave: utilidades socialmente responsables para desarrolladores; exención del impuesto por traslado de dominio en viviendas con valor menor a 713 mil 244 pesos; toma de agua gratuita; y reducción de gastos y derechos notariales al 20% de su costo habitual.
Durante la presentación, el diputado Ulises Gómez subrayó que desde la década de 2010 prácticamente dejó de construirse vivienda social en Querétaro debido a la falta de incentivos, lo que llevó a las constructoras a enfocarse exclusivamente en desarrollos de clase media y residencial. Esta tendencia, dijo, ha reducido drásticamente la oferta para los sectores de menores ingresos.
Por su parte, Sinuhé Piedragil advirtió que el crecimiento demográfico del estado —impulsado por migración nacional e internacional— no ha sido acompañado por una política pública de vivienda incluyente. Señaló que el boom inmobiliario ha beneficiado a grandes capitales, pero ha excluido a miles de familias trabajadoras que hoy no tienen acceso a un patrimonio.
El diputado federal Luis Humberto Fernández aportó datos que evidencian el rezago: en 2025, menos del 5% de las viviendas construidas en Querétaro fueron populares; más de 40 mil familias con crédito Infonavit no pueden ejercerlo por falta de oferta; y el estado se mantiene entre los más caros del país en materia habitacional.
Las y los legisladores coincidieron en que la vivienda no puede seguir tratándose únicamente como un negocio, sino como un derecho social. Con esta propuesta, buscan abrir un diálogo con autoridades municipales y el sector inmobiliario para construir una política de vivienda que permita a las familias de menores ingresos acceder a un hogar digno y sentar las bases de un desarrollo urbano más justo e incluyente en Querétaro.
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