Por: Redacción | LYPmultimedios
En una democracia funcional, la transparencia y la equidad informativa son pilares inquebrantables. Sin embargo, en la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, estos principios parecen estar en franca decadencia. La Dirección de Comunicación Social, encabezada por Francisco “Paco” Macías, ha sido objeto de severas críticas por operar con un sesgo cada vez más evidente, alineado con los intereses del grupo oficialista.
El pasado 30 de septiembre, el Congreso local vivió uno de sus episodios más bochornosos y tensos de los últimos años: una sesión legislativa marcada por gritos, empujones, confusión, y acusaciones de “hurto electoral” durante la elección de la nueva Mesa Directiva. Una jornada que debía estar regida por la institucionalidad terminó convertida en una escena de confrontación política y manipulación narrativa.
Pero más allá de lo evidente, lo verdaderamente alarmante es lo que no se dice, o peor aún, lo que se distorsiona desde los canales oficiales. La Dirección de Comunicación Social —financiada con recursos públicos y supuestamente encargada de informar con imparcialidad a los ciudadanos de los 18 municipios— ha operado con un sesgo que favorece abiertamente a la bancada panista, ignorando los principios de equidad informativa.
Bajo la gestión de Macías, esta oficina se ha convertido en una trinchera mediática más que en un órgano institucional. La cobertura oficial de los hechos del 30 de septiembre lo demuestra: en lugar de condenar las agresiones físicas, el desorden legislativo o la sustracción de una urna durante la sesión, la narrativa difundida minimizó los hechos e insinuó culpas en el bloque opositor, particularmente en Morena.
Aunque lo intentan hacer pasar como una información transmitida por el Diputado Enrique Correa Sada; es muy evidente el sesgo y queda también en evidencia que quien dirige esa área del Poder Legislativo queretano, esta al servicio de una sola de las fracciones parlamentarias.
Esta actuación es inaceptable en un Estado que presume de madurez democrática. La comunicación institucional no debe estar al servicio de intereses partidistas, ni utilizarse como instrumento para encubrir abusos o manipular a la opinión pública. Su deber es informar con veracidad, equilibrio y responsabilidad social. Lo contrario es propaganda, y de la peor clase.
Querétaro ha intentado proyectar una imagen de estabilidad política y civilidad democrática. Sin embargo, lo ocurrido en el Congreso revela fisuras preocupantes. La complicidad silenciosa —y efectiva— de su aparato de comunicación no es un detalle técnico, es una señal de alerta: la captura institucional también puede manifestarse en el control del discurso.
La ciudadanía queretana exige más que comunicados maquillados. Exige transparencia, verdad y una rendición de cuentas real. Porque cuando la comunicación social deja de ser social y se convierte en un arma del poder, se niega al pueblo su derecho a estar informado y se sabotea el corazón mismo de la democracia.
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